¿Apostamos por el cambio?
"Si hay un pasado que fue de ellos, el futuro es nuestro, de nuestra libertad consciente. El futuro es de la mayoría que quiere el cambio. Adelante. Conquistemos el futuro en paz. Conquistémoslo en libertad. Dejemos a nuestros hijos una España mejor, con el esfuerzo solidario de todos. Adelante y a ganar. España y el futuro es nuestro".
Felipe González (PSOE), octubre 1982
Foto de familia del 1er Gobierrno de Felipe González el 3/12/82 | Fiti: Archivo ABC
En aquel lejano octubre del 82 en España se convivía con el miedo al golpismo (23-F) y al terrorismo (ETA), con una inflación oficial cercana al 14% y con más de dos millones de parados.
El centrismo (UCD, CDS, etc.) estaba dividido y sus propuestas extinguidas El ex Presidente del Gobierno (dimitido del cargo el 29 de enero de 1981), Adolfo Suárez, ya no era ni la sombra de lo que, en su día fue, y los propios “barones” de su partido junto a la izquierda –nunca moderada- de la Cámara Baja (Congreso de los Diputados) acabaron fagocitándolo políticamente hablando, claro. Le sucedió el efímero Leopoldo Calvo Sotelo (25/02/1981 a 2/12/1982) el cual convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre de 1982 debido a la difícil situación que vivía el partido del gobierno (UCD) y ante la dificultad para seguir gobernando.
Jóvenes dirigentes socialistas y gentes de la izquierda en general, apostaron por “cambiar” esa situación y una gran parte de la sociedad española les creyó obteniendo, tras el recuento de votos, 202 diputados, una mayoría récord y absoluta.
Algunas medidas de los primeros, e intensos, 100 días del Gobierno socialista del PSOE
El eslogan electoral “Por el cambio” de la campaña del 82, no era textual, tampoco ambiguo. Las palabras, según quien las escuche, pueden adquirir significados distintitos, En aquellos tiempos, ese eslogan, repetido hasta la saciedad, parecía dirigido a sectores de la población descontentos, que no eran pocos como se vio reflejado en el resultado de las urnas, con una Transición que había mantenido buena parte de las estructuras del periodo anterior, (Régimen franquista) tanto en las FFAA, como en la Justicia y en buena parte de las Administraciones públicas y locales.
El pueblo llano, el que otorga su voto a quienes elige libremente para gobernarle, apenas había rozado el poder ni obtenido ventajas sustanciales salvo lo que algunos creían eran unas libertades constitucionales que antes no tenían. Nada más lejos de la realidad como el tiempo acabó demostrando.
Así las cosas, antes de que se celebrara oficialmente el 1er Consejo de Ministros, Miguel Boyer, recién nombrado ministro de Economía y Hacienda (el ya fallecido ministro -29/09/2014- fue inculpado, en mayo de 1994, junto a su esposa Isabel Presley –ex del cantante Julio Iglesias- y otras gentes de la conocida como “beautiful people” por el escándalo Ibercorp), anuncia públicamente la primera medida efectiva del Gobierno socialista: devaluar la peseta un 8%. Y aseguraba: "La salida de divisas ha sido menor que en otros países en situaciones similares debido a la moderación del programa socialista". En la campaña electoral, el PSOE se había comprometido a NO devaluar.
La primera medida del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, (posteriormente asesinado por ETA el 21-11-2000) fue distribuir una circular para que los médicos del sector público cumplieran los horarios y las normas de incompatibilidad. 500 inspectores se pusieron en marcha para vigilar si los médicos respetaban la jornada laboral.
El Gobierno envió a las Cortes “su proyecto” de despenalización del aborto. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se justificó en que en las encuestas sobre los tres supuestos que contemplaba su proyecto: el 69% de los españoles eran partidarios del llamado aborto terapéutico, el 50% del denominado ético o por embarazo a consecuencia de violación y el 65% del que se podía realizar cuando existiese la probabilidad de que el feto naciera con graves taras físicas o psíquicas (eugenesia pura y dura). En cambio, se reveló que solo el 27% era partidario al aborto libre. Alianza Popular (la Oposición) recurrió al Tribunal Constitucional. La ley se demoró hasta septiembre de 1985. 20.000 españolas viajaron en 1981 a Londres para abortar.
El Consejo de Ministros decretó el cierre de la IV planta de Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto convirtiéndose en símbolo de la lucha obrera contra la reconversión industrial que en los siguientes meses emprendió el ministro de Industria, Carlos Solchaga, para reformar los sectores no competitivos. Solchaga explicó: "Cada millón dedicado a pérdidas en empresas públicas son dos parados sin cobertura".
El Gobierno ordenó la expropiación de los bancos y de todas las empresas del grupo Rumasa, que creó José María Ruiz-Mateos, y donde trabajaban más de 60.000 personas. "Hemos recibido una colección de problemas muy graves, pueden creerme, por la inacción de Gobiernos anteriores", se justificó Boyer. La situación financiera de Rumasa era "agónica", con un inmenso agujero patrimonial y pérdidas y deudas gigantescas. El caso Rumasa duró dos décadas, hasta que el Estado logró encontrar compradores para todo el grupo a precios claramente ridículos malvendiendo, a la baja, todo el patrimonio entre empresarios “amigos” y especuladores afines al partido socialista
Promesas incumplidas
El PSOE había concurrido a la campaña electoral con la promesa de la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo, sin embargo la realidad fue bien distinta. El vasto programa de reconversión de amplios sectores industriales, impulsado por el entonces ministro de Industria, Carlos Solchaga (su famosa frase «España es el país del mundo donde más rápido se puede hacer uno rico» hizo correr ríos de tinta pero no le costó el cargo), dio origen a importantes huelgas y manifestaciones a la par de que causaran un gran asombro entre los militantes socialistas y los de la UGT (Sindicato también socialista) y de “cómo el compañero Felipe era capaz de hacerles semejante jugada”.
Sin embargo, la lógica económica de aquellas medidas tomadas entonces iba a forzar una brutal reconversión de la actividad siderometalúrgica, de la construcción naval y del sector textil que afectaría a cientos de miles de trabajadores. Si el objetivo principal fue el de eliminar la subvención a fondo perdido a las empresas públicas o privadas deficitarias, lo cierto es que erraron y, al final acabó costando muchísimo dinero del erario público.
No solamente no se cumplió la promesa electoral de crear 800.000 nuevos puestos de trabajo sino que el desempleo siguió aumentando vertiginosamente. Los responsables de la campaña electoral, con Joaquín Almunia a la cabeza, culparon al entonces Vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien había sido el instigador de la misma con el fin de ofrecer un compromiso electoral más atractivo de cara a los votantes. Cuando Carlos Solchaga, el ya citado ministro de Industria, manifestó públicamente en junio de 1983, que era imposible poder cumplir con lo prometido en la campaña electoral, el Vicepresidente sostuvo, en un acto de total cinismo y soberbia, que el compromiso seguía intacto. Tiempo después, Joaquín se manifestaba de la siguiente forma: “La cantidad de empleo que aspirábamos crear era incompatible con el realismo económico. Pero la credibilidad del partido en aquel momento era tal que muchísimos electores confiaron en que nuestro Gobierno lo conseguiría”. Pero hubo más.
Otra promesa incumplida por el fue la continuidad de la pertenencia de España en el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en el que estábamos desde el 30 de mayo de 1982.
A diferencia de lo que ocurre a día de hoy, la pertenencia a Europa actuaba entonces como un poderoso trampolín progresista cuya meta era la de conseguir equipararse con países envidiados por sus libertades, por su desarrollo social y por si nivel de vida. La pertenencia a la Comunidad Europea era, pues, el objetivo que se marcaban todos los partidos políticos y, como no, también el partido socialista. De nuevo, el PSOE, se encontraba ante un transcendental dilema generado por su inexperiencia al frente del Gobierno de una Nación. Aquel PSOE que había prometido al electorado celebrar un referéndum acerca de la permanencia, o no, en la Alianza Atlántica debía de enfrentarse al cumplimiento, o no, de otra importante promesa electoral por lo que optó por darle un giro a la opinión pública española con su famoso eslogan: “OTAN, de entrada, NO”.
Tras la entrada de España en la Comunidad Económico Europea (hoy Unión Europea), el 1 de enero de 1986, llegó el momento de convocar el prometido referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Pero Felipe González y su gobierno anunciaron que iban a defender que España siguiera en la OTAN, aunque bajo tres condiciones atenuantes: la no incorporación a la estructura militar, la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de las bases militares norteamericanas en España. Previamente González había tenido que convencer a su propio partido en el XXX Congreso celebrado en diciembre de 1984, y además el giro respecto de la OTAN provocó la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán en desacuerdo con él.
Así, el 12 de marzo de 1986 y bajo las tres condiciones impuestas por el Gobierno de Felipe González, se celebró el tan esperado referéndum dándole el triunfo al “SI”, es decir a la permanencia de España en la Alianza pero con un estrecho margen. La abstención rondó el 41%.
Años más tarde, en 1997 y ya bajo el gobierno de José Mª Aznar, fueron incumplidos los dos primeros condicionantes, el tercero sobre la reducción de la presencia estadounidense en suelo español fue incumplido desde el mismo año 1986 pues lejos de reducirse dicha presencia fue incrementándose paulatinamente hasta la actualidad por lo que dicho referéndum quedó simplemente en “agua de borrajas”, tal es así que 22 años después Felipe González reconoció que el referéndum para permanecer en la OTAN fue "un error muy serio, a los ciudadanos no se les tiene que consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Eso se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones", aseguró el ex presidente del Gobierno, y añadió: “creo que España está donde tiene que estar". Cambio si ¡pero de chaqueta!
El final del desastre socialista
Entre luces y sombras, en la opinión pública se fue instalando una sensación de mayor estabilidad. La modernización de España en múltiples campos y su completa integración en el concierto europeo tuvieron lugar en los casi 14 años de Gobierno, entre 1982 y 1996, de Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y una de las figuras clave de la transición democrática. La traumática reconversión industrial de los años ochenta, las medidas sociales de signo izquierdista seguidas de recortes y reformas con criterio liberal, el ingreso en la Comunidad Europea y el referéndum sobre la permanencia en la OTAN jalonaron una gestión, muchas veces contestada. Tras esas cuatro victorias electorales consecutivas, González no fue capaz de remontar el lento declive de su propio partido, erosión que estimuló un tropel de escándalos de corrupción como el ya mencionado caso Ibercorp, pero hubo más. El caso Juan Guerra, hermano del Vicepresidente; el caso Filesa; el caso Roldán, ex Director General de la Guardia Civil; el caso Gescartera o los de Telefónica y el BOE (Boletín Oficial del Estado), así como el de la presidenta de la Cruz Roja española o las escuchas del CESID (servicios secretos de la época); las turbias ramificaciones de la guerra sucia (caso GAL) o terrorismo de Estado frente al terrorismo de ETA, los desequilibrios financieros y el elevado desempleo. Y es que preocupaban más las medidas a corto plazo, por ejemplo, las consecuencias de haber puesto en la calle a unos cientos de presos preventivos, con prisión prolongada a causa de la lentitud de la Justicia, un tiempo que fue acortado por una reforma legal impulsada por el titular de Justicia, Fernando Ledesma. Al poco empezó una ola de inseguridad ciudadana, contestada con gran dureza desde el Ministerio del Interior, dirigido por José Barrionuevo (primer miembro de un gobierno español que entró en prisión), que el abrir los ojos ante lo que estaba pasando en su círculo más íntimo e inmediato.
La crisis de 1993
La economía española, que arrastraba desde 1991 una compleja situación, pasó en 1993 por uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas. La recesión se instaló en España y su traducción fue un crecimiento espectacular del desempleo del 16% al 24% (a finales de noviembre de 1993, había en España 3.545.950 parados), una caída inusitada de los beneficios y de la inversión de las empresas, un volumen de deuda pública cercano a los 30 billones de pesetas (un 68% del PIB) y un déficit del conjunto de las Administraciones Públicas superior al 7% del Producto Interior Bruto (PIB).
A principios de la década de 1990 los países desarrollados se vieron afectados por una crisis económica y financiera originada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón, en 1990, y agravada con las tensiones del precio del petróleo ocasionadas por la primera Guerra del Golfo, que afectaron a la inflación.
Los efectos de esta crisis internacional tardaron en llegar a España, gracias al volumen de inversión pública realizado entre 1990 y 1992 para preparar al país para grandes eventos como la Exposición Universal de Sevilla en 1992, -incluyendo las infraestructuras del Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía (NAFA), y su extensión como línea del tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla y la autovía Madrid-Sevilla-, la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 o el proyecto Hispasat. Después de este enorme esfuerzo inversor del Gobierno de Felipe González, las cuentas públicas registraban altos niveles de deuda, y debido a la finalización de estas obras y proyectos, se agravó el aumento del desempleo, ya de por sí voluminoso por el efecto de la recesión.
La crisis se vio agravada por su coincidencia con una de las peores sequías ocurridas en España durante el siglo XX que alcanzó sus momentos más álgidos en el año 1995. Este período de falta de lluvia afectó sobre todo a la mitad sur de la península, especialmente a Andalucía, donde se llegaron a sufrir cortes de suministro de agua en un importante número de municipios, y enormes pérdidas en el sector agropecuario.
El 13 de mayo de 1993, conocido como el “Jueves Negro”, el Gobierno español se vio obligado a devaluar de nuevo la peseta, esta vez en un 8%. Fue la tercera devaluación en 9 meses. La obstinación con que actuaron las autoridades económicas y monetarias españolas en defensa de la peseta en los mercados monetarios se saldó con una pérdida de reservas de 3,2 billones, según cifras oficiales del Banco de España.
Ese mismo día, se dio a conocer la Encuesta de Población Activa (EPA), referida al primer trimestre de 1993. En España había 3.300.270 de desempleados, lo que significaba que desde 1991, año en el que se produjeron los primeros síntomas de crisis, la economía española había perdido 750.000 empleos. ¿Dónde quedaba la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo?
La crisis tenía, además un rasgo característico y alarmante: el déficit público superaba por esas fechas los 1.7 billones de pesetas, cuando lo previsto para todo el año era de 1.4 billones. Para financiar los agujeros, el Estado se había gastado más de 1.5 billones de pesetas o, lo que es lo mismo, 7.037 millones de pesetas cada día desde el 1 de enero.
El 8 de octubre de 1993, el Consejo de Ministros tomo medidas aprobando la Ley Financiera, de la cual hay que destacar que se dio luz verde a reducir la prestación mínima para desempleados sin hijos a cargo, desde el 100 al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El inicio del fin de la crisis
En 1994 año el desempleo alcanzó su máximo, un 24,1%, a partir de entonces el empleo comenzó su recuperación. España dejó atrás la recesión en 1994 con un crecimiento del 2,4% del PIB, que continuaría con una cifra del 2,8% en 1995. En estos dos años se crearon 400.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó hasta el 22%.
Pese a todo, los problemas no habían terminado, el Gobierno debía enfrentarse a una nueva adversidad: los gastos de la Seguridad Social, que costeaban las pensiones, el desempleo y la sanidad. En 1995, por primera vez, el sistema de Seguridad Social español entró en déficit al registrar más gastos que ingresos. Para solucionar a este problema, el 6 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Toledo, que incluía una serie de reformas en el sistema de Seguridad Social, incluyendo una propuesta para que la sanidad pública dejara de ser financiada con el dinero de las pensiones y pasase a correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El 26 de octubre de 1995 el Congreso no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 1996. Convergencia y Unión (coalición en la que militaba el secesionista catalán Artur Mas) rompió el pacto de legislatura que tenía con el PSOE y votó en contra de los Presupuestos. Al perder la confianza de la Cámara, Felipe González se vio obligado a adelantar las elecciones generales, que fueron fijadas para el 3 de marzo de 1996. Los Presupuestos no fueron aprobados y por consiguiente se prorrogaron los del año anterior.
La herencia que el PSOE dejó al perder la confianza del Congreso
La crisis de la Seguridad Social continuaba en 1996. El Pacto de Toledo no entraría en vigor hasta 1997 y para entonces ya era demasiado tarde. Pese a que en 1996 se registró un aumento del PIB del 2,4% y se crearon casi medio millón de empleos, la Seguridad Social continuaba en números rojos. En diciembre de 1996 el recién elegido Gobierno de José María Aznar recurrió a la financiación privada para costear la paga extra de Navidad de los pensionistas.
En 1997, se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, previsto en el Pacto de Toledo, para proteger en lo posible el sistema ante situaciones de dificultad y en el que se iría acumulando el superávit que registrara la Seguridad Social.15 El Pacto de Toledo entró en vigor y la Seguridad Social vio aliviado su balance, puesto que ya no tenía que hacerse cargo de la sanidad pública, que hasta entonces suponía el 15% de sus gastos.
A partir de 1996, ya con el PSOE alejado del Gobierno, la economía española disfrutó de una etapa de prosperidad económica ininterrumpida que duró más de diez años, con tasas de crecimiento siempre superiores a las de la media europea. El cambio de modelo económico fue diseñado por Rodrigo Rato (ex vicepresidente del gobierno Aznar, imputado de múltiples delitos de corrupción y cuyo pasaporte le fue retirado por orden judicial), ministro de Economía del Partido Popular. A diferencia de los programas de fuerte inversión pública del anterior Gobierno, el PP llevó a cabo un plan de privatizaciones de empresas públicas (Argentaria, Telefónica, Endesa, Repsol entre otras), y la creación de empleo se fundamentó en el sector de la construcción y sus industrias auxiliares, lo que animó a incentivar el endeudamiento privado y la especulación inmobiliaria, causas principales de la crisis económica de 2008, pero eso ya es harina de otro costal de la cual escribiré en su momento.
Esa es, pues, la herencia que dejó el PSOE a quienes le siguieron en la rueda democrática: unas arcas de la Seguridad Social escuálidas y arruinadas y una tasa desempleo donde 1 de cada 4 trabajadores estaba en situación de paro.
En España ya nadie apuesta “por el cambio”. ¡Tomen nota los de Podemos!
