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¿Y ahora qué?


Cuando el 10 de diciembre del año pasado, Mauricio Macri asumía como nuevo presidente electo de la República Argentina amplios sectores de la sociedad se mostraron satisfechos y esperanzados en el futuro que se vislumbraba, pero no olvidemos que la diferencia entre ambos candidatos fue exigua.


Las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015, en primera vuelta, dieron el siguiente resultado: Daniel Scioli consiguió un 37,08% frente al 34,15% conseguido por Mauricio Macri lo que forzó a ir a una segunda vuelta (ballotage) por primera vez en la historia de la democracia argentina en el marco de unas elecciones generales. La diferencia entre ambas opciones fue, en esa primera vuelta, de un 2,93% a favor de Scioli. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, quedó tercero con el 21,39% del recuento de los votos válidos. Se convirtió, casi sin quererlo, en el partido bisagra que podía ayudar a la gobernabilidad del país. Tarea nada fácil pues hay que ser un verdadero hombre de Estado para asumir tan alto compromiso. En los próximos meses se verá hasta dónde llega y si es un auténtico hombre de Estado capaz de anteponer los intereses generales de la Nación dejando a un lado los propios intereses partidistas por muy legítimos que sean.


La segunda vuelta se llevó a efecto el 22 de noviembre de ese mismo año y el recuento de los votos dio como ganador a Macri con el 51,34% frente a un 48,66% obtenido por Scioli, siendo la diferencia entre ambos candidatos de un 2,68% a favor de Macri que resultó ser el vencedor y por tanto nuevo presidente electo de la República.


Si se analizan fríamente esos resultados electorales se observa que el presidente Mauricio Macri obtuvo un 17,19% más de votos en la segunda vuelta con respecto a los resultados de la primera mientras que Scioli, su contrincante, solo obtuvo un 11,58% más en esa misma circunstancia lo que da una diferencia de 5,6 puntos a favor del primero lo que le convirtió en vencedor de la contienda electoral pero ¿de dónde salieron esos votos que marcaron dicha diferencia? Posiblemente de quienes se mostraban reticentes con el oficialismo gobernante en los últimos doce años de la historia democrática argentina, sin embargo, no hace falta decir que la diferencia entre ambas formas de entender la política nacional está mínimamente ajustada lo que va a hacer bastante difícil la gobernabilidad del país si no se hace con tacto y con mucha mano izquierda cosa que, de momento, no parece entrar en los planes de la nueva Administración.


Otro dato a tener en cuenta son los votos en blanco y los nulos entre ambas vueltas. En el primero de los casos, los votos en blanco, bajaron de 664.739 (2,55%) a 306.651 (1,18%) en la segunda vuelta, mientras que los nulos subieron de 199.446 (0,77%) en primera vuelta a 330.988 (1,28%) en la segunda. También, otro dato que debe ser analizado es el nivel de participación de los ciudadanos que nos muestra la abstención y en este caso, aunque muy parejos –un 81,23% en primera frente a un 80,93% en segunda- la abstención fue ligeramente más alta en la segunda vuelta.


Teniendo en cuenta que ambas formaciones políticas se repartieron esos resultados, aunque es imposible saber en qué medida, como consecuencia de ello sí se puede añadir que la diferencia obtenida por el vencedor de las elecciones es, como ya se ha dicho, mínimamente ajustada lo que no le da la holgura suficiente como para seguir tomando las medidas que, hasta ahora, viene haciendo el nuevo gobierno a través de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) firmados por la presidencia de la Nación lo que, posiblemente, abrirá fisuras entre sus socios electorales. De hecho ya las está abriendo aunque no en todos los casos.


Sirva como ejemplo citar que el pasado 20 de diciembre, nueve días después de asumir Macri la presidencia, la diputada nacional de la Coalición Cívica (integrante del Frente Cambiemos) Elisa “Lilita” Carrió informó, a través de un comunicado de prensa, que tenía la intención de presentar un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera designar jueces por decreto. La iniciativa llegó luego de que el gobierno de Mauricio Macri anunciara a través de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se integrarían a la Corte Suprema de Justicia. Esto despertó polémica tanto en el mundo de la política como de la Justicia. Si bien finalmente se decidió dar marcha atrás y ahora será el Senado de la Nación (tal como establece la Constitución) el órgano institucional quien deba aprobar tal designación. A pesar de ello, la polémica quedó instalada y más cuando el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró que van a “sacar muchas medidas por ese procedimiento”.


Otro DNU que generó, y sigue generando, mucha polémica es el que establece la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Autoridad Federal de Información y las Comunicaciones (Aftic).


El propio ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reconocía a finales de diciembre del año pasado que mediante ese decreto de necesidad y urgencia (DNU) el jefe de gabinete Marcos Peña, junto a él mismo y acompañados, ambos, por el futuro titular del organismo Miguel de Godoy, que “se hizo una modificación parcial, urgente y necesaria” de la ley de servicios de comunicación audiovisual. “Tomamos la decisión de ir hacia una ley de convergencia digital, que será estudiada por el Congreso y llevará un tiempo importante. Serán por lo menos dos años, para que se tenga una ley que les permita a los medios expresarse y que la gente pueda comunicarse”, señaló Aguad en declaraciones a radio Mitre. El ministro señaló, además, que “el gobierno anterior le había declarado la guerra a los medios tratando de acallar las voces que no quería escuchar”.


En el DNU se establece la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Autoridad Federal de Información y las Comunicaciones (Aftic). Sin embargo, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida precautelar sobre ese decreto, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.


Pero no son los únicos DNU que han generado esta controversia que acompaña al presidente desde su asunción en la jefatura del Estado. Entre otros están los siguientes:

  • Ley de Emergencia en Seguridad Pública mediante la cual se permite, entre otras cosas, el derribo de aviones (presumiblemente del narcotráfico) que invadan el espacio aéreo argentino poniendo en peligro la Seguridad Nacional. Esta Ley estará vigente durante todo el año.

  • Suspensión de la reforma (DNU 257/15) del Código Penal Procesal decretado por Cristina Fernández de Kirchner. Con esta medida se trata de dejar en manos de los fiscales y no de los jueces la investigación de las causas.

  • Traspaso de las Escuchas judiciales desde la Procuraduría General de la Nación hacia la Corte Suprema de Justicia (DNU 256/15). Medida que recorta la influencia política de la Procuradora general Alejandra Gils Carbó.

  • Derogación del decreto 2635/2015, dictado por el Gobierno anterior, que disponía el cese para todas las jurisdicciones de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables (DNU 73/16).

  • Reforma de la Ley de Ministerios para armar nuevo gabinete (13/15)


¿Por qué Macri recurre a los DNU?


Macri y su gabinete son conscientes del poco margen operativo que les ha quedado después de las elecciones al estar en minoría en la Honorable Cámara del Congreso (Diputados y Senado) y lo difícil que va a ser la gobernabilidad del Estado a partir del 1º de marzo, fecha en la que se restablecerá el periodo de sesiones ordinarias después del receso estival. Lo saben y por eso actúan como lo hacen.

Es por ello se han negado a convocar a sesiones extraordinarias de sus Señorías y porque, además, la Comisión Bicameral de DNU encargada de analizar los decretos y darles validez, con lo cual pasarían al Congreso, o rechazarlos, se halla sin ninguna Autoridad que la dirija, es decir, está acéfala y así seguirá hasta el inicio del nuevo año político y legislativo.


¿Podría la Bicameral de DNU auto convocarse?


Legalmente si pues se trata de una Comisión permanente ajena al receso legislativo pero ¿quién está en condiciones de hacerlo si, como ya se ha dicho, se halla acéfala y sin autoridad suficiente, cuestión que ayuda a los planes del Gobierno?


Para auto convocarse, se necesita la firma de al menos 9 legisladores nacionales sobre un total de 16. El Frente para la Victoria cuenta con 8 integrantes propios, el oficialismo tiene 6 y dos aliados: Adolfo Rodríguez Saá y el massista Raúl Pérez. El empate en 8 traba el acuerdo para designar a las autoridades y, también, para una eventual auto convocatoria impulsada por la oposición kirchnerista durante el receso.


Este fin de semana, el jefe de gabinete defendió el uso de los decretos y rechazó momentáneamente que el gobierno nacional evalúe convocar a las sesiones extraordinarias en el Congreso antes del 1º de marzo, facultad exclusiva del presidente Macri. "No consideramos que este sea el momento para hacerlo y es una decisión política, absolutamente legal y constitucional", afirmó Peña. Si Macri convocara a extraordinarias, Cambiemos estaría obligado a tratar los DNU firmados por el Presidente en el recinto.


A partir de los 10 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial, los DNU pueden ser analizados en cualquier momento por la comisión bicameral del Congreso. Ese plazo se cumple hoy para los DNU 256/15 y 257/15. Sin embargo, no habrá ninguna convocatoria ya que la Comisión permanece acéfala debido a que oficialismo y oposición no lograron llegar a un acuerdo durante la última reunión de ese cuerpo, el martes 22 de diciembre, en la cual debían definirse sus autoridades. Ese día, el FpV firmó un dictamen de rechazo del DNU 13/15, que crea el actual gabinete de Ministros. Las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados desconocieron el dictamen. Tanto Gabriela Michetti como Emilio Monzó, se negaron a recibir, incluso ante la presencia de un escribano, el dictamen de rechazo que el FpV firmó en soledad en la Bicameral el 22 de diciembre pasado. El oficialismo alega que en la reunión de ese día sólo figuraba en el Orden del Día la designación de autoridades y que no estaba previsto analizar ningún DNU.


La Comisión Bicameral de DNU es la única que no suspende sus actividades por el receso parlamentario y está integrada por los senadores kirchneristas Juan Manuel Abal Medina, Juan Mario Pais, María De la Rosa, Juan Manuel Irrazábal y Anabel Fernández Sagasti, los radicales Luis Naidenoff y Ángel Rozas y la peronista disidente Liliana Negre. Por Diputados, la conforman Marcos Cleri, Diana Conti y Juliana Di Tullio, del Frente para la Victoria; Mario Negri y Luis Petri, de la UCR; Nicolás Massot y Pablo Tonelli, de Cambiemos; y Raúl Pérez, del Frente Renovador. (Datos extraídos de la web www.ambito.com)

De cara al futuro


Hay que suponer, y dar por hecho, que el presidente Mauricio Macri así como muchos de sus seguidores eran, antes del resultado electoral, plenamente conscientes de lo que se les venía encima después de más de una década plagada, para una gran parte de la ciudadanía argentina, de gobiernos corruptos, sin sentido republicano, ineficientes y arbitrariamente populistas. Pero saber que los peores de sus funcionarios iban a ser reemplazados era, ya de por sí, una muy buena noticia.


Sin embargo, las huellas de la administración anterior van a ser muy difíciles de erradicar. La altísima inflación siempre negada por el kirchnerismo, la crisis energética galopante, las arcas vacías del Estado tanto en nación como en provincias, el exceso exagerado de gasto público y de funcionarios inoperantes (ñoquis), los evidentes vínculos de la política con el narcotráfico, la dudosa eficiencia y eficacia de las fuerzas de seguridad, la anarquía social generada por más de una década de gobiernos irracionales y la debilidad de las instituciones en general han dejado a esta gran nación en un estado que, podríamos decir, se asemeja a la narcolepsia.


A todo ello hay que sumar una casta empresarial acostumbrada a las prebendas y al trapicheo privilegiado por parte de algunos funcionarios públicos y de una piara de políticos que entienden que el cargo que ocupan es algo que sirve para mejorar su situación personal y su nivel de vida en lugar de ser el motor que sirva para mejorar los beneficios sociales de aquellos quienes les mantienen a través de los impuestos que pagan.


En resumidas cuentas, la herencia que ha recibido este gobierno actual es el de una sociedad enferma acostumbrada, en líneas generales (gracias a la génesis del kirchnerismo), a exigir mucho sin dar nada a cambio. Esa era la política populista del gobierno anterior.


Vistas así las cosas, una de las misiones fundamentales del macrismo empieza por cambiar la mentalidad del pueblo y hacerle entender que pueblo somos todos y no solo los que gobiernan y administran sus dineros.


Los grandes desajustes heredados en casi todos los ámbitos y sectores sociales solamente serán superados si verdaderamente se implanta una nueva forma de entender y ejercer la Política. Es necesario un cambio de cultura en las relaciones entre gobernantes y gobernados a través de un diálogo sincero, solamente así se podrá salir adelante y no es tarea fácil. Pero si no se le explica debidamente a la sociedad los daños causados por aquellas prácticas y aquel modelo de la “década ganada”, no habrá argumentos para sustituirlos y superarlos. No basta con sustituir a “A” por “B” o tomar medidas que, aunque necesarias, son impopulares y generan crispación como son los despidos masivos algo que se asemeja más a un “ajuste de cuentas” que a un reajuste administrativo y económico.

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