Caso abierto: La tragedia de Barracas
El pasado viernes, 05 de febrero a las 09:15 h, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país y de la Policía Federal Argentina, a petición del Sistema Nacional de Bomberos, realizaron un Toque de Sirena durante 1 minuto con motivo de conmemorarse el 2º Aniversario de la Tragedia de Barracas, en la que 8 bomberos, entre voluntarios y de la PFA, y dos rescatistas dejaron su vida y siete más resultaron gravemente heridos mientras combatían un voraz incendio en un depósito de archivos en papel que la multinacional norteamericana Iron Mountain -especializada en la custodia y conservación de documentos y archivos- tiene en el barrio Barracas, calle Azara 1245, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta forma se han solidarizado de nuevo con las familias y allegados de quienes perdieron a sus seres queridos y han recordado emotivamente a quienes dieron su vida en acto de servicio.
Además del rescatista Pedro Barícola (Dirección General de Defensa Civil de la CABA) y de Sebastián Campo (del Destacamento de Vuelta de Rocha), el impacto de los escombros terminó con la vida del comisario inspector Leonardo Arturo Day (Jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA), de la subinspectora Anahí Garnica, de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz y de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, todos de la Policía Federal. También murieron en el momento José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico, que se encontraba allí como rescatista de Defensa Civil, y el cabo Facundo Ambrosi, de 25 años de edad, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, último bombero fallecido después de estar 12 días internado en terapia intensiva del hospital Argerich debido a las graves heridas sufridas en tan terrible siniestro.
Resumen del acto en memoria y homenaje a los Héroes de Barracas
Actos en homenaje a las víctimas por el incendio y derrumbe de un depósito de documentos ubicado en el barrio porteño de Barracas, que el 5 de febrero de 2014 provocó la muerte de bomberos y rescatistas. Situación actual de la causa judicial (Emilio Ruchansky/ Judiciales). Emitido por Visión 7, noticiero de la TV Pública argentina, el viernes 5 de febrero de 2016. http://www.tvpublica.com.ar
Situación de la investigación a día de hoy
En la actualidad, esta farragosa y lenta investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, corre a cargo de la fiscal Romina Monteleone (que reemplazó a la fiscal Marcela Sánchez), con intervención del juez Pablo Ormaechea.
A dos años de producida la tragedia, los familiares siguen reclamando el esclarecimiento del incendio y justicia por las personas que perdieron la vida durante el operativo. Sostienen, en base a las pericias policiales y judiciales, que el estrago fue producido intencionalmente. Pese al paso del tiempo, no hay personas imputadas ni detenidas.
Jorge Olmos, padre de Sebastián, quien era bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha, sostuvo: "Durante estos dos años nosotros sentimos que estamos cada vez más lejos de que se haga justicia, dos pericias dieron que fue intencional y nadie está preso".
El comentario apunta contra la investigación que lleva adelante la fiscal Monteleone quien todavía mantiene la causa en su etapa de instrucción y de recolección de pruebas. Según consignó la agencia estatal de noticias TELAM, Monteleone está esperando que se realice el peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para determinar las responsabilidades. Los resultados de esta medida recién estarían disponibles para fines de marzo. . También está pendiente un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sobre si la empresa pidió autorización para modificar o ampliar sus instalaciones contra incendios, en los tiempos inmediatamente anteriores al incendio.
Las pruebas
El fuego consumió gran parte del depósito ubicado en Azara al 1245 destinado a la guarda de documentación de diferentes empresas y organismos públicos. Un comunicado de la Fiscalía, entonces a cargo de Marcela Sánchez, precisó que "los peritos concluyeron que el fuego comenzó entre los depósitos N°7 y N°8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín".
Más allá de la pericia pendiente, la División Siniestros de la Policía Federal Argentina elaboró un informe en febrero del año pasado que determinó la intencionalidad del incendio. Un comunicado de la Fiscalía, entonces a cargo de Marcela Sánchez, informó que "se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar". Estas conclusiones fueron ratificadas por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Desde entonces la causa se encuentra caratulada como 'Estrago doloso seguido de muerte' y tiene conexo con otra causa por lavado de dinero en tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres", indicó por su parte Miguel Arce Aggeo, quien en noviembre del año pasado tomó la representación de familiares de nueve de las diez víctimas.
"Cualquiera que tenga conocimientos mínimos se daba cuenta de que el incendio fue intencional, sino no hay forma de quemar media manzana en diez minutos", sostuvo Edgardo Castro, el inspector de Trabajo porteño que en 2008 había solicitado la clausura del galpón. "Hubo al menos cuatro focos y fue provocado por un especialista que sabía muy bien lo que hacía", agregó.
La querella pidió que se solicite a declaración indagatoria a seis funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes estaban encargados de controlar el depósito de Iron Mountain, compañía que se especializa en el resguardo de información corporativa sensible. En referencia a los controles y la habilitación del depósito, la Legislatura porteña realizó ocho pedidos de informes al Ejecutivo de los cuales sólo cuatro fueron respondidos recién al año de la tragedia.
El legislador porteño por el Frente para la Victoria, Gabriel Fuks, apuntó al gobierno porteño porque "no se ha puesto a disposición de la Justicia para darle toda la documentación necesaria, entonces, hay una cantidad de 'errores' administrativos cuya responsabilidad política no se ha determinado y castigado".
Muchas preguntas, pocas respuestas
El incendio y posterior derrumbe de las cuatro paredes del edificio de depósito de archivos bancarios, de la empresa Iron Mountain ubicado en Azara al 1245 se registró a las 8:30 a.m.; la empresa Iron Mountain llegó a Argentina en el año 2000, tiene oficinas en la avenida Amancio Alcorta, en el barrio Parque de los Patricios, y también dependencias en los distritos de La Boca, Lugano y en un depósito en Barracas, que es el que se incendió ese día.
Los bomberos de la Policía Federal Argentina y los Bomberos Voluntarios de La Boca, Vuelta de Rocha y San Telmo y Puerto Madero acudieron ante la alarma de incendio para extinguir el fuego, Defensa Civil, agentes de la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y Prefectura Naval Argentina también acudieron a la escena, colaborando en la remoción de escombros y en las tareas de rescate de las personas que quedaron atrapadas por el derrumbe debido a las altas temperaturas provocadas por las llamas. El episodio dejó un saldo de siete bomberos fallecidos y dos agentes de Defensa Civil.
Se ubicó a los empleados a cargo del sistema antiincendios de la empresa bajo los escombros. Siete heridos graves fueron trasladados a distintos hospitales de la Capital Federal. Entre ellos, había un bombero voluntario que fue operado por fracturas expuestas y estaba fuera de peligro, un hombre que fue dado de alta en el Hospital Ramos Mejía, dos que pararon en el Hospital Penna que no corrieron riesgo de vida y tres internados, uno de ellos en muy grave estado que falleció tras 12 días de penosa agonía, en el Hospital Argerich.
Pese al desastre, no es la primera vez que un depósito de Iron Mountain en el mundo sufrió uno. Sucedió en otros cuatro depósitos de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá e Italia. "Estamos profundamente acongojados por la muerte de los valientes socorristas que de forma inmediata lucharon para salvar a nuestro personal e instalaciones", afirmó la empresa sobre el caso de Barracas. ¿Se conocía ese dato por parte del gobierno porteño? De ser así ¿por qué no se extremaron las medidas de control de seguridad de dicha entidad?
Polémicas
En 2015 pericias judiciales determinaron que el incendio del edificio en Barracas fue intencionado. El entonces secretario de seguridad Sergio Berni remarcó que: "La empresa tuvo siniestros similares en otros depósitos del mundo, con la sospecha de que fueron intencionales. Uno tiene que ser prudente, no puede confirmar ni descartar nada, pero hay antecedentes".
En 2008 la Dirección General de Protección del Trabajo había impulsado dos inspecciones, que derivaron en la clausura del depósito. El Inspector de la Subsecretaria de Trabajo reveló que su superior, el gerente operativo de inspección de la ciudad, no hizo actuaciones sobre dos empresas por orden del, en ese tiempo, jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, actual presidente de la Nación, que pidió que no se realizaran controles sobre la empresa y que se levantaran las clausuras. ¿Qué llevó a Macri a tomar esa decisión a todas luces arbitrarias? ¿Qué intereses oscuros motivaron tal postura?
El, en aquella época, inspector de Trabajo porteño, Edgardo Castro, denunció años antes del derrumbe fallas en los controles por parte del gobierno de Mauricio Macri a la empresa Iron Mountain. En el mismo sentido el gerente operativo de inspecciones del gobierno porteño, Fernando Cohen admitió, ante una cámara oculta difundida por el canal informativo C5N, que quien era en aquel entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “llamaba” por teléfono a funcionarios y a inspectores para frenar clausuras que pretendían realizar a comercios y establecimientos, propiedad de amigos del Jefe comunal. ¿Por qué Macri actuó de esa forma? ¿Por qué protegió personalmente a Iron Mountain? ¿Sabía de los “problemas” penales de esa multinacional norteamericana?
Pericias judiciales
En 2015 la justicia argentina determino que existía un plan para incinerar todo el depósito, y promover la desaparición de documentos sensibles de 600 empresas de primer nivel. Entre los papeles desaparecidos hay nombres y documentos del ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Adolfo Cabrera, ex gerente del grupo La Nación y del Banco HSBC, la entidad financiera que perdió en el fuego más de 25 mil cajas que llevaban el rotulo de "lavado de dinero". Muchos de esos documentos, junto con otras pruebas, están siendo investigados por la Unidad de Información Financiera (UIF). Además del ministro de desarrollo porteño, otro alto funcionario de PRO se encuentra relacionado con Iron Mountain, Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la Ciudad y ex de Cabrera en HSBC, antes de que ambos desembarcaran en la gestión PRO.
Dos años después de la ampliación de la Ley 2972 la empresa fue beneficiada por la gestión de Mauricio Macri con exenciones fiscales por 5 millones de pesos, en ingresos brutos y ABL, además de ganar otro millón de pesos en otra licitación directa.
Vínculos con la política
El directorio de Iron Mountain está integrado dos hombres de Macri encargados de instalar empresas en el sur porteño. Su titular es Ricardo García que formó, junto con la Sociedad Macri (SOCMA) una sociedad dedicada a digitalizar partidas de nacimiento que desembocaron en un escándalo por coimas en Alemania. Otro de los directivos es Gustavo Álvarez, antiguo directivo del Grupo Clarín, y que se desempeñó en Ernst & Young, la multinacional que en el marco del SwissLeaks está sospechada de intermediar en operaciones de evasión impositiva hacia paraísos fiscales.
Presunto lavado de dinero
En mayo del 2014, a cuatro meses del siniestro, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), allanó distintos locales y oficinas de Iron Mountain en una investigación por lavado de dinero. La AFIP detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014. En 2015 el fisco nacional denunció al HSBC, una de las firmas con más archivos quemados en Iron Mountain, por facilitar la evasión impositiva de 4040 cuentas de argentinos sin declarar en su sucursal de Ginebra.
¿Es la designación a Ricardo Echegaray como presidente de la Auditoría General de la Nación el pago por su silencio en estos casos de corrupción? ¿Por qué se le nombra a pesar de estar incurso en una causa por enriquecimiento ilícito?
Implicaciones judiciales
Los peritajes de la Policía Federal concluyeron que el incendio acaecido en febrero de 2014 en el depósito de Iron Mountain en Barracas, donde perdieron la vida 10 bomberos y se destruyó información sensible de bancos y empresas financieras formalmente sospechadas de “lavado de dinero”, fue intencional.
La intencionalidad confirmada por la justicia respecto del inicio del fuego en el depósito de Iron Mountain, dejó abierta una investigación sobre las razones que llevaron a cometer el siniestro. Desde la Unidad de Información Financiera (UIF), entregaron a la justicia y a la Fiscalía 37 material que sustenta un presunto acuerdo entre Iron Mountain y sus clientes para eliminar evidencias de potenciales delitos de carácter económico. En el caso del BNP y el JP Morgan se encontraron cajas con el rótulo “lavado de dinero” y material de cuentas off shore. Además de datos de fideicomisos de Cablevisión, del Grupo Clarín, y también está investigada Sideco, la empresa de Franco Macri, padre del Presidente que ordenó no investigar en su etapa de jefe del gobierno porteño, que perdió entre las llamas una caja con el rótulo de "Coimas Perú".
En una cámara oculta que dio a conocer en 2014 se ve a Edgardo Castro, Inspector de la Subsecretaria de Trabajo CABA, con Fernando Cohen -Gerente operativo de inspección del GCBA-, donde muestra que el mismo Jefe de Gobierno porteño de entonces llamó a sus funcionarios para evitar clausuras del depósito de Iron Mountain. En el video ambos funcionarios le piden a un inspector que no investigue porque llamó Macri. ¿Qué intereses movieron al Macri de aquellos tiempos para que realizara ese tipo de llamados?
Se presentó un pedido de citación para el ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, Francisco Adolfo Cabrera, para que responda ante los legisladores sobre “las graves revelaciones que surgieron de la investigación judicial del caso Iron Mountain y para que explique porque el gobierno de Mauricio Macri “no sólo le otorgó a esa empresa un régimen de facilidades y exenciones impositivas sino que, además, existen denuncias sobre la existencia de un bloqueo a las denuncias de los inspectores que querían clausurar el depósito”.
Sin poner en duda la honestidad del presidente de la República, este es el momento para que ponga en práctica lo que fue el eje de su campaña electoral: la honestidad y transparencia de su gestión.
Recordemos que sobre la corrupción hizo la siguiente promesa: “Este Gobierno va a combatir la corrupción. (...) Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido de filiación político dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esa práctica abusiva". Y sobre la Justicia prometió: "En nuestro gobierno no habrá jueces macristas".
Este es el momento de demostrarlo, Señor Presidente. Durante su gestión como Jefe del Gobierno porteño todas las denuncias por infracciones contra la empresa Iron Mountain Argentina fueron paralizadas cuando no, desatendidas ¿Sucederá lo mismo durante su mandato presidencial? Esperemos que no.
