Avanza la causa judicial contra el presidente Macri
Justicia investiga los movimientos de Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo contratado por los Macri para el armado de una de sus sociedades offshore, Fleg Trading Ltd.
La existencia de esta firma, en la que Mauricio Macri figuró como director y vicepresidente, se conoció por los Panamá Papers, una filtración de más de once millones de archivos vinculados con sociedades offshore que involucran a por lo menos 140 políticos y funcionarios de todo el mundo.
LA NACION reveló la vinculación del Presidente con esta firma y la Justicia abrió una causa para determinar si Mauricio Macri omitió de modo malicioso declararla o cometió algún otro delito vinculado con la vida societaria de la firma.
En este expediente, el fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello investigan a Lussich, aparente intermediario de los Macri con el estudio Mossack Fonseca, un agente panameño especializado en crear sociedades en paraísos fiscales alrededor del mundo.
Los Panamá Papers son filtraciones de información vinculada a las firmas creadas por Mossack Fonseca; entre ellas, Fleg Trading Ltd, de la familia del presidente.
A propuesta del fiscal, el juez Casanello pidió ayer que se hiciera una consulta a los registros de la Dirección Nacional de Migraciones a los efectos de obtener los movimientos migratorios de Lussich Torrendell. Es el primer paso para determinar contactos de este contador en la Argentina.
Fleg Trading Ltd. se constituyó el 31 de marzo de 1998 en Bahamas con acciones al portador. Se abrió vía Uruguay, con un capital inicial de 5000 dólares.
Ayer, el juez solicitó además que se requiriera a "las empresas telefónicas de todo el país" que informaran "con carácter de muy urgente" con qué teléfonos locales mantuvo comunicaciones una línea telefónica de Uruguay correspondiente a un estudio uruguayo al que estuvo ligado Lussich Torrendell.
Esta medida se suma a una larga lista de pedidos de informes y opiniones técnicas que el juez hizo en la causa a organismos públicos tales como la AFIP, la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia. Esos informes fueron solicitados por Casanello el lunes pasado, a propuesta de la Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas.
